Para esto avanza en un protocolo que regulará el uso de los teléfonos en horarios y lugares establecidos por el Servicio Penitenciario.
Al respecto, el ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan, manifestó que "a raíz de información errónea que trascendió en los medios regionales respecto del uso de teléfonos celulares por parte de los internos en las cárceles rionegrinas, es preciso efectuar algunas aclaraciones". Explicó en tal sentido que “a la fecha, hay algunos internos que tienen celulares en sus celdas y eso es lo que nosotros queremos que cese. Vamos a regularlo porque entendemos que con este tipo de comunicación hacia afuera, muchas veces se pueden cometer hechos ilícitos o seguir manejando actividades delictivas desde adentro de los penales”.
“Los teléfonos que se autoricen van a estar identificados, se los va a sellar para que no puedan manipularlos y -por ejemplo- cambiarles los chips que contienen números y agenda; además sólo podrán ser utilizados en la franja horaria que disponga el Servicio Penitenciario”, subrayó el Ministro.
Asimismo, expresó: “Para tener un mayor control, el aparato deberá estar registrado por el Servicio Penitenciario. De este modo, se interrumpirá cualquier actividad delictiva los internos intenten llevar adelante desde adentro de los penales por este tipo de comunicación que se propicia por la existencia de estos propios aparatos”.
Pérez Estevan explicó que los celulares son ingresados a los Penales “muchas veces autorizados por los jueces a cargo de la ejecución, luego de ponderar situaciones particulares y otras veces por las visitas, de manera clandestina”.
"Una cosa es el derecho a la comunicación de los internos por distintos medios, que surge de los artículos 158° y 160° de la Ley de Ejecución Penal N° 24.660; y otra muy distinta es el abuso de aquellos para cometer ilícitos o participar en la organización, armado y ejecución de delitos"
Finalmente concluyó el ministro de Seguridad y Justicia que “Somos conscientes de la problemática y estamos trabajando en un Protocolo que, por un lado, garantice el derecho al acceso de la comunicación de los internos con sus familias, y por otro, regule la utilización de los dispositivos, para prevenir y neutralizar cualquier tipo de situación de tinte delictivo que pueda surgir".