Autoridades provinciales capacitan a los municipios sobre el nuevo Código de Tierras

Acompañado del asesor del área, Enrique Álvarez Costa, también se abordó una disposición que facilita que desde el ámbito local se puedan ir regularizando tierras de la zona urbana.

Los funcionarios, dependientes del Ministerio de Gobierno, se reunieron con los intendentes de Mainqué, Miguel Petricio; de Allen, Sabina Costa, y de Cinco Saltos, Germán Epul, participando además algunos legisladores del circuito. En el marco de esta gira de trabajo, también visitaron la comisión de fomento de Valle Azul.

Lawrie informó que se interiorizó a los municipios respecto a que el nuevo código habilita al Poder Ejecutivo provincial a transferirles las tierras fiscales provinciales ubicadas en sus cascos urbanos.

Dijo que de esta forma, se agiliza el acceso a la vivienda en dichos poblados y se termina con décadas en las que las autoridades locales fueron rehenes de la provincia a la hora de querer diseñar el crecimiento de sus ciudades.
En línea con esta reforma, la Dirección de Tierras ya emitió una disposición que permite a los municipios inscribir en forma declarativa en el organismo, sin necesidad de un escribano, las tierras de la zona urbana a regularizar.

Álvarez Costa adelantó que continuarán visitando las distintas regiones de la provincia para poner al tanto a intendentes y comisionados de los alcances del nuevo código.

Recordó que con el Código de Tierras actualmente está analizando en comisiones la Legislatura, como paso previo a su tratamiento en el recinto,
“se establece un mecanismo ágil y transparente para que puedan acceder al título de propiedad los pobladores rurales que han ocupado por 20 años o más el campo y mantenido en producción el mismo así como se otorgará igual beneficio a quienes se asentaron y construyeron su hogar en las Comisiones de Fomento”.

Asimismo, indicó que se reemplaza un marco normativo con leyes dispersas y vetustas, “la ley del sector rural tiene 55 años de vigencia y la del sector urbano más de 30 años”.

Desde el gobierno se pretende que la discusión de la iniciativa sea amplia, con todos los actores, que lleve el tiempo que tenga que llevar, de manera de contar con el mejor código posible.

Álvarez Costa señaló que las leyes que reemplaza el nuevo código “fueron buenas pero fueron creadas para un contexto que hoy no ocurre, pensemos en la del sector rural que entró en vigencia a cuatro o cinco años de la creación de la provincia, orientada a la ocupación de la tierra, que la familia agraria se asentara en los campos o en las islas, trabajara los inmuebles y como premio se les daba la propiedad”.

Indicó que ahora se busca un nuevo paradigma, “no ir hacia la ocupación de la tierra, sino hacia el afianzamiento productivo, mejorar aquellas tierras que estén en producción, incorporando nuevos rubros, y poner en producción tierras ociosas”.

Además, el asesor legal explicó que “con la legislación vigente residir la tierra y trabajarla junto a la familia es un requisito insoslayable; la idea que proponemos es la posibilidad que otros actores sociales puedan poner en producción tierras, como cooperativas, clubes, la posibilidad de emprendimientos turísticos en cordillera, turismo rural en Valle Medio, permitir el aggiornamiento al contexto actual”.

Entre otras novedades, informó que no se admitirán excepciones al régimen, limitándose la discrecionalidad de los funcionarios que intervienen, siendo necesaria una ley especial para cualquier caso que escape a las previsiones contempladas.

Ávarez Costa, manifestó que con la iniciativa se reforma el sistema de tasación en diversos aspectos; el precio de la tierra no será fijado por el funcionario a cargo de la Dirección de Tierras sino que surgirá de un trabajo interdisciplinario en el que converjan actores públicos y estatales.

Asimismo, se discrimina el valor de venta según condiciones subjetivas y objetivas, incorporando el concepto de precio de mercado a abonar en determinados casos. Entre otros ejes, mencionó que se realza la protección del medio ambiente, castigando a quien no cumpla con las directivas emanadas de la correspondiente autoridad de aplicación.